Una semana después de la elección de Rosa María Payá como integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la noticia comienza a diseminarse entre los presos políticos que ven en la cubana una oportunidad consistente para enfrentar al régimen de la isla y forzar una transición hacia la democracia.
“Es un regocijo para los cubanos que no encontramos justicia o no somos escuchados ni atendidos en nuestra nación, que podamos tener una vía donde nuestra voz pueda ser entendida”, dijo en una llamada telefónica a Martí Noticias Yoandri Gutiérrez Vargas, sancionado a siete años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
“Los manifestantes del 11 de julio, los manifestantes el 17 de marzo y los manifestantes del 23 de mayo, le hacemos llegar un fraterno saludo y damos gracias a Dios por haber otorgado a usted tan importante cargo y que pueda seguir siendo la voz de los que pedimos cambios y libertad plena como lo soñó siempre José Martí”, subrayó Gutiérrez Vargas en un mensaje desde el centro penitenciario Las Mangas, en Granma, a la hija del fallecido opositor Oswaldo Payá.
El preso político nombró a más de una decena de manifestantes encarcelados en ese penal granmense: “Arael Rodríguez Tarantes, de 32 años; Juan Carlos Martínez Martínez, de 51 años; Ever Ernesto Pérez Ayala, de 21 años; Alejandro Vargas Ortiz, de 22 años; Pedro Luis Zamora Isaac, de 50 años y Alexander Gómez Silva, de 25 años, entre otros”.
El 17 de marzo de 2024 y el 23 de mayo de 2025 decenas de ciudadanos protestaron de forma pacífica en las ciudades de Santiago de Cuba, Jiguaní y Bayamo, las dos últimas en la provincia Granma. Los manifestantes gritaron consignas como “Patria y Vida”; “Libertad”; “No a la violencia”; “Abajo Díaz-Canel”; “El pueblo, unido, jamás será vencido” y reclamaron “Corriente y comida”.
Martí Noticias no ha podido determinar cuántas personas permanecen detenidas o fueron enjuiciadas por estas demostraciones.
Al ser elegida, Rosa María Payá se convirtió en la primera cubana en ocupar un puesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que supervisa desde hace 65 años las obligaciones de los Estados miembros en materia de derechos humanos.
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